Adelante Andalucía asiste al lawfare a la gaditana en el último caso de los 18 sufridos por el anterior Equipo de Gobierno de kichi

Adelante Andalucía Cádiz asiste una vez más a una nueva denuncia, de un total de 18 -todas archivadas-, que responden a esa estrategia de ‘lawfare’ de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal.

El partido andalucista de izquierdas aclara que el foco de la cuestión es que se trata del decimo octavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de José María González ‘Kichi’ a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo. Así, cabe poner el foco en que el factor principal a tener en cuenta en esta ocasión es que la investigación inicial la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos ex cargos de libre designación del Partido Popular en el Equipo de Gobierno de Teofila Martínez y Bruno García.

Cabe señalar que en este caso se está juzgando el papel de un asesor externo que ayudaba al alcalde y sus concejales, y de la que aportamos toda la documentación sobre su contrato externo a través del partido ‘Por Cádiz Sí Se Puede’ (marca blanca por entonces de Podemos). En este caso se juzgan cosas tan ridículas como su ubicación en el trabajo, que hiciera uso de espacios como el del Grupo Municipal, situado por aquel entonces en la zona de Presidencia del Ayuntamiento por falta de espacio con respecto al resto de grupos, y la dotación de medios materiales que -siempre, absolutamente siempre- se facilitaron desde el partido: ordenador portátil, teléfono móvil, cuenta de correo electrónico, etc.

Así que mientras otros partidos dedican dinero público a contratar familiares, trabajadores de la burocracia de los partidos y publicidad institucional para el autobombo nosotras contratamos técnicos cualificados para que nuestros concejales hicieran mejor trabajo institucional. Porque no hay que olvidar que la contratación externa de este asesor experto, Fernando Acuña, estuvo motivada por un acto de responsabilidad con el Ayuntamiento de Cádiz y con sus vecinos y vecinas. La intención principal del anterior Gobierno era hacer las cosas bien y más fáciles en la ciudad, ese es el supuesto delito.

Pero no es más que un nuevo caso que refleja que cuando la derecha no gobierna intenta lanzar sus tentáculos en el poder judicial para invalidar los gobiernos de izquierda atentando continuamente contra su honorabilidad. Porque aunque el ‘lawfare’ se haya puesto ahora de moda, compañeros como José María González ‘Kichi’ la llevan sufriendo ocho años y la siguen sufriendo aun habiendo dejado la política.

Este proceso lleva tres años. Un proceso lento, con zancadillas y que terminará archivado como las 17 denuncias anteriores, pero el daño a la figura de José María González y Adelante estará hecho. Coincide este caso con el caso Ayuso o con las grabaciones del jefe del PP de Jaén avisando a amigos empresarios de contratos de la Junta no publicados en Boja. Y hablando de Cádiz, llama la atención que la aparición de Teófila Martínez en los papeles de Bárcenas, con todas las letras de su nombre, no propiciara ningún reproche judicial mientras que nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz haya generado 18 causas judicializadas en 8 años.